Hoy, a 31 de julio de
2012, he recorrido las calles de San José junto a campesinos y campesinas. Hoy
han juntado sus voces y sus protestas personas venidas de toda Costa Rica, para
hacerse oír por los diputados.
La ley en cuestión surge del ONT, Órgano de Normalización Técnica
encargado de valorizar la tierra en Costa Rica. Para dicha valorización se manejaron
diversos parámetros pero parece claro que no se tomó en cuenta el coste social
que implicaba. Para la agricultura, la tierra no es un bien especulativo, es
una herramienta de trabajo. Como bien decía Miguel Chávez en los Desayunos de
Radio Universidad[1], “nosotros
no andamos comprando y vendiendo la tierra, eso no es la agricultura. La
valorización se hizo a raíz del boom inmobiliario… alguien vino a Costa Rica y
compró un par de propiedades a una barbaridad de plata y parece que se tomó ese
precio como referencia”. El hecho es que la valoración de las tierras dedicadas
a la agricultura sufre fuertes alteraciones por la plusvalía adquirida a
consecuencia de la instalación de proyectos turísticos, industrias, comercios y
otras obras. Por ese motivo, la ley implicaría un aumento en los impuestos en
algunas zonas de un 97%. “Yo estaba pagando 12.000 colones anuales y ahora me
han dicho que voy a tener que pagar 400.000 colones y sólo por plantar
frijolitos”, decía una campesina de Upala. Y lo cierto es que con esta ley la
gente se enfrenta a la posible pérdida de sus tierras, por no poder hacer
frente a esos pagos. Además, se promueve abiertamente la concentración de la
tenencia de la tierra, se favorece la especulación inmobiliaria, e incluso
posiblemente el blanqueo de capitales entre otras cosas del narcotráfico.
La
negociación anda en un juego se porcentajes, en el que la Comisión de Asuntos
Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, propone ajustar el valor de las
tierras en un 50% a la hora de aplicar la tarifa uniforme. Intentando de esta
forma mediar entre la Municipalidad y el sector agropecuario. La Municipalidad
alega una posible quiebra del sistema si el porcentaje no es más elevado, pero
lo cierto es que según los cálculos efectuados por UPA Nacional incluso con el
20% que propone el campesinado, la Municipalidad estaría aumentado sus ingresos
en un 300%. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura se ha manifestado a
favor de la propuesta del sector, pero tristemente parece que el Gobierno no
toma muy en cuenta este ministerio. Como siempre se les olvida que el pueblo no
es el encargado de pagar por la mala gestión de sus dirigentes.
Desde
el sector agropecuario, no quieren que se les regale nada, es más, entienden
que deben pagar sus impuestos para contribuir al desarrollo de su país, pero sí
exigen que es pago sea justo. Exigen una ley con “justicia tributaria”.
Por
otro lado, parece que en esta lucha no hay sólo pequeños y medianos
agricultores, parece que el pilar que puede ejercer más fuerza para cambiar la
ley son las grandes empresas del agronegocio que también se ven perjudicadas.
Quizá sea una burla del destino que el pequeño campesinado se vea con la
necesidad de compartir pancarta con los responsables de la expansión de los
monocultivos, de la entrada de los transgénicos, del uso de prácticas destructivas
del medio ambiente y responsables de sus propios desalojos y de la especulación
de la tierra. Quizá esta lucha debieran ser varias, pero posiblemente sea
necesario ganar primero este combate para emprender otros. Como se leía hoy en
la Web de La Nación[2], “la
revisión necesaria es más profunda y debe tomar en cuenta los problemas de la rentabilidad
y la especulación, así como la extensión de los terrenos agrícolas y la
naturaleza concreta de las actividades desarrolladas en ellos”.
A
pesar de esto, la esperanza que unió en la mañana del 31 de julio a miles de
personas, nace desde la necesidad de que la voz del pueblo se oiga. No es sólo
la lucha de campesinos y campesinas, es la lucha de todos y todas por lograr la
soberanía alimentaria en cada uno de nuestros países. Por lograr un sistema de
alimentación sostenible en este planeta.
